La Secretaría de Industria y Comercio oficializó la baja de normativas que regulaban precios, cuotas y aranceles escolares. El oficialismo argumenta que eran «obsoletas», mientras crecen las advertencias por la quita de marcos de protección al consumidor.
El Poder Ejecutivo nacional dio un nuevo paso en su estrategia de liberalización de los mercados. Mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 12 y la Disposición 534, el Ministerio de Economía desarticuló una serie de andamiajes legales vigentes desde hacía años.
Desde el Gobierno argumentaron que estas 16 resoluciones madre (que arrastran más de 40 modificatorias complementarias) constituían «trabas burocráticas». Según la perspectiva oficial, los controles «exigen información innecesaria y distorsionan el libre mercado».
Los principales cambios del paquete desregulador
La «motosierra normativa» afectó directamente a diversos programas de consumo, subsidios y pautas de control comercial:
- Controles de góndolas y precios: Se eliminó la Resolución 355/2022 que permitía fiscalizar valores y stock en grandes superficies.
- Financiamiento de compras: Quedaron sin efecto 30 normativas vinculadas a programas históricos de fomento al consumo en cuotas fijas (como Ahora 12 y Cuota Simple).
- Aranceles en colegios privados: Se dio de baja la norma que obligaba a las instituciones educativas con gestión privada a pedir autorización del Estado para incrementar el costo de sus cuotas mensuales.
- Subsidios a la cadena del trigo: Quedaron derogadas las resoluciones del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo estatal para contener el precio de la harina.
- Límites en defensa del consumidor: A través de la Disposición 534, se anuló la regla que permitía a menores de entre 13 y 17 años iniciar reclamos formales de consumo por su cuenta, bajo el argumento de que «duplicaba mecanismos ya existentes».
Polarización en el sector comercial
El anuncio profundiza la brecha entre los sectores económicos del país. Por un lado, las cámaras empresariales nucleadas en la órbita de la producción celebran la simplificación de trámites administrativos. Sostienen que la desburocratización abaratará costos operativos a mediano plazo.
Por el otro, las asociaciones de usuarios advierten que dejar la actividad privada sin marcos regulatorios estables sitúa a los ciudadanos en una condición de vulnerabilidad frente a las políticas de precios corporativas. En un escenario de fuerte recesión y caída del consumo, la desprotección estatal de las relaciones de consumo vuelve a quedar en el centro de la escena política.
